Compra pública innovadora: qué es y cómo puede beneficiar
La Compra Pública Innovadora (CPI) es una herramienta estratégica que permite a las Administraciones Públicas fomentar la innovación a través de los procedimientos regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Se trata de una forma diferente de licitar contratos, puesto que la Administración Pública no se adaptará a productos existentes ya en el mercado, sino que la propia Administración será la que dirija el proceso de innovación. En esencia, este tipo de procedimientos tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo tecnológico en las Administraciones Públicas. Para ello, es esencial la identificación y planificación de las necesidades que la Administración tiene que satisfacer (artículo 28 de la LCSP) y, así, poder identificar cuál es el procedimiento de contratación más adecuado. En general, la CPI busca adquirir soluciones innovadoras en fase de desarrollo que aún no se encuentran disponibles en el mercado.
El objetivo principal de la CPI es potenciar e impulsar la innovación en el sector público mediante la compra pública. Su propósito es incorporar soluciones innovadoras en las Administraciones Públicas que aún no pueden adquirirse en el mercado, realizando actividades de investigación y desarrollo respecto a servicios y productos innovadores que posteriormente va a adquirir la Administración. Esto permite mejorar de los servicios públicos, modernizar la gestión administrativa y fomentar la innovación empresarial, fortaleciendo la competitividad.
Este modelo de contratación parte de la idea de que la Administración puede impulsar la innovación, al incentivar a las empresas a desarrollar soluciones nuevas para problemas o necesidades aún no resueltas. En lugar de adquirir o comprar productos o servicios ya existentes, el sector público plantea un reto de innovación al mercado para que los proveedores desarrollen propuestas innovadoras para satisfacer sus necesidades. La LCSP permite utilizar procedimientos de contratación específicos, como la licitación con negociación, el diálogo competitivo y la asociación para la innovación, facilitando que el sector público sea el que establezca su necesidad y dirija la actividad innovadora.
Uno de los principales beneficios de la CPI es la mejora y avance de los servicios públicos, ya que permite a las Administraciones Públicas promover e impulsar el uso de tecnologías que aún no se encuentran disponibles en el mercado. Esto no solo facilita el acceso a soluciones más innovadoras, sino también más eficientes y sostenibles, contribuyendo a la modernización de la gestión pública y una mejor asignación de los recursos públicos. Para las empresas, la CPI representa una oportunidad de crecimiento, toda vez que les permite desarrollar y validar sus innovaciones, colaborando activamente con los objetivos propuestos por la Administración.
El proceso de CPI suele iniciarse con la identificación de una necesidad pública que no va a poder resolverse con las soluciones disponibles y existentes en el mercado. A partir de ahí, la Administración considera y analiza las distintas modalidades de CPI y elegirá el procedimiento de contratación más adecuado según factores como la necesidad de I+D o la disponibilidad de información suficiente o no para elaborar y redactar los pliegos de prescripciones técnicas. Una vez identificada y definida la necesidad, se selecciona el procedimiento que mejor se adapte a ella.
El objetivo principal de la CPI es potenciar e impulsar la innovación en el sector público mediante la compra pública.
Aunque la CPI ofrece muchas ventajas, también presenta desafíos. Su implementación es compleja y requiere una planificación cuidadosa, además de una estrecha colaboración entre administraciones públicas y empresas. Además, para que funcione correctamente, es fundamental que el personal que trabaje en la contratación, reciba formación específica en procesos de innovación vinculados a la contratación pública, ya que, al tratarse de soluciones innovadoras no disponibles en el mercado, pueden generarse riesgos y hacer surgir un cierto grado de incertidumbre.
En conclusión, la CPI es una herramienta clave para que las Administraciones Públicas fomenten la innovación. En lugar de adaptarse a productos ya existentes, impulsa el desarrollo de nuevas soluciones, promoviendo el avance tecnológico. A pesar de las dificultades derivadas de su implementación, la CPI es una gran oportunidad para modernizar la Administración, mejorar la calidad y eficiencia los servicios públicos, e impulsar la innovación y la competitividad empresarial.
